El Conde de Floridablanca

José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, fue una figura fundamental de la política exterior española durante el último cuarto del siglo XVIII. Su nombramiento como primer secretario de Estado durante el reinado de Carlos III le otorgó un importante papel en la configuración de la política internacional de la época, al ser canalizador de la ayuda prestada por España a las Trece Colonias rebeldes norteamericanas frente a Inglaterra, de forma secreta y abierta, y contribuir con ello a su independencia. Por otro lado, fue uno de los máximos representantes del reformismo ilustrado español, ya que, durante los años en los que estuvo al frente del gobierno de España, impulsó el progreso de la nación con grandes proyectos, como el desarrollo de las Sociedades Económicas de Amigos del País, la fundación del Banco Nacional de San Carlos, antecesor del Banco de España, la apertura de diversos puertos peninsulares al libre comercio con otros españoles en América, la modernización de la Marina, la creación del Consejo de Ministros, el desarrollo de la agricultura, la promoción del conocimiento científico, el fomento de las obras públicas y la regeneración educativa y cultural, entre otros.

Nació en Murcia en el año 1728 y, tras graduarse en Leyes, obtuvo un puesto en la cátedra de Derecho Civil del seminario de San Fulgencio de su ciudad. A la edad de veinte años se trasladó a Madrid y ejerció durante los dieciocho años siguientes como abogado, ocupación que le llevó a tratar con grandes familias nobiliarias, como las de los duques de Alba o de Osuna, y con personajes de espíritu reformista como Campomanes. Estos contactos favorecieron su ascenso profesional, por lo que, en 1766, fue nombrado fiscal de lo criminal del Consejo Real de Castilla y, en 1772, embajador en Roma ante la Santa Sede, puesto desde el que suavizó las tensas relaciones de Carlos III con el papa Clemente XIV. En reconocimiento a los servicios prestados en el Vaticano, el monarca le concedió el título de conde de Floridablanca.

Tras su destino italiano, fue llamado desde Madrid para suceder a Grimaldi como secretario de Estado, cargo desde el que dirigirá la política exterior española durante los siguientes quince años, entre 1777 y 1792. Un año antes, el 4 de julio de 1776, los colonos ingleses de Norteamérica habían proclamado su Independencia en el Congreso de Filadelfia. Cuando Floridablanca se hizo con el mando de esta Secretaría, el conflicto colonial pasó a ser uno de los temas más importantes de su programa. Desde que se iniciaron los primeros combates en abril de 1775, España ya ayudaba de forma secreta a esta causa con el envío periódico a los rebeldes de dinero y de armas. La ayuda fue solicitada por el secretario de Estado francés, Vergennes, a Carlos III y el monarca español accedió, aunque sin entrar en la guerra ni reconocer la independencia. Por ello, tras el nombramiento del nuevo ministro, su homólogo francés confiaba en poder continuar con la política de unión y de socorros que venía dándose entre las dos Cortes.

A lo largo de los años 1777 y 1778, Floridablanca aprobó numerosos envíos de ayuda que se hicieron desde Bilbao, a través del comerciante Diego de Gardoqui, y desde Nueva Orleans, por el gobernador de La Luisiana Bernardo de Gálvez. Al mismo tiempo, el conde de Aranda, desde la embajada española en París, entregó elevadas cantidades de dinero como préstamo al delegado americano Arthur Lee.

La política exterior de Floridablanca mejoró las relaciones con Portugal y el Mediterráneo islámico y adoptó, inicialmente, una actitud prudente para hacer frente a dos de sus principales objetivos: la seguridad de los territorios españoles en América y la armonía en las relaciones con Francia y con Inglaterra. Su primera postura fue la de intentar evitar un conflicto abierto y, para ello, mostró una aparente neutralidad y asumió un papel diplomático entre Inglaterra y Francia. Floridablanca opinaba que, en caso de concluir bien la mediación, España conseguiría un puesto más influyente en el plano internacional, recuperaría territorios perdidos en manos británicas y lograría una menor dependencia de los franceses. No es que el ministro no viera en el enfrentamiento una oportunidad para debilitar el poder económico y naval inglés, pero desconfiaba de una derrota total que otorgase a Francia una mayor disposición para imponer su voluntad sobre España. Por otro lado, también le preocupaba el contagio de las ideas revolucionarias norteamericanas a las provincias españolas de ultramar y quería evitar, en la manera de lo posible, el coste económico y humano que suponía la entrada en una nueva guerra. Por todo ello, si bien no desaprobaba continuar la ayuda de forma confidencial, llegó a la conclusión de que la neutralidad sería más provechosa para el futuro de España.

La mediación de Floridablanca consistió en ofrecer a Londres tres vías para acabar con el conflicto: la primera planteaba una tregua de veinticinco a treinta años, durante la cual se establecería un libre comercio entre Inglaterra y sus colonias que, a su vez, podrían comerciar libremente con otras naciones. La segunda consistía en acordar una tregua con Francia y con las Trece Colonias, con la retirada de las tropas y con la mediación de España. En la tercera sugería una tregua ilimitada, manejada por comisarios de todas las partes implicadas, hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Floridablanca pensó que cualquiera de las propuestas podría terminar con el conflicto, pero las tres fueron rechazadas por Londres y, por ello, pese a sus esfuerzos por mantenerse al margen de las hostilidades, tras la Convención secreta de Aranjuez que sellaba con Francia el apoyo abierto a las Trece Colonias, España declaraba la guerra a Inglaterra el 22 de junio de 1779.

Durante los años que duró la contienda, las decisiones sobre los pasos a seguir se tomaron por un reducido círculo de consejeros liderado por Floridablanca, que solo justificaba sus decisiones ante Carlos III. Por otro lado, España siguió financiando a los rebeldes con la misma política de ayudas, armas y otros suministros llevada hasta entonces. Los enfrentamientos bélicos tuvieron dos frentes: uno en Europa y otro en América. En la zona europea, las operaciones se centraron en las aguas del Atlántico, en la recuperación de Menorca y en los asedios a Gibraltar, ambos territorios perdidos tras el Tratado de Utrecht de 1713. Por lo que respecta a América, los objetivos fueron expulsar a los británicos de los asentamientos en la América Central, del golfo de México y de la orilla del Misisipí. Floridablanca ordenó el envío de 11.000 soldados para luchar a las órdenes de Bernardo de Gálvez en la campaña de La Florida de 1780-81, que dio como resultado la toma de La Mobila y el decisivo triunfo de Pensacola, acciones por las que se expulsó a los ingleses de la zona. Estas victorias, junto con toda la ayuda recibida durante la contienda, favorecieron unos meses más tarde el éxito de Washington en Yorktown y el triunfo final de la revolución.

Floridablanca siempre fue consciente del peligro que suponía apoyar de forma abierta la emancipación de las Trece Colonias por el efecto contagio a los territorios españoles de América y, por ello, retrasó el reconocimiento oficial del nuevo estado hasta poco antes del Tratado de París de 1783, que puso fin al conflicto, cuando dio instrucciones al conde de Aranda sobre los pormenores de su firma. Con la llegada de la paz, España recuperó la isla de Menorca y Las Floridas, que aseguraban el control sobre el golfo de México. También se fijaron las fronteras entre la nueva nación y los territorios españoles norteamericanos, se acordaron temas relativos al comercio y se establecieron los derechos de navegación del río Misisipí. El reconocimiento definitivo de los Estados Unidos llegó en el año 1785, cuando Floridablanca envió a Nueva York a Diego de Gardoqui como embajador de España en la nueva nación.

Los Pactos de Familia con Francia se rompieron definitivamente el año 1789, tras la Revolución Francesa, y esto le ocasionó una pérdida de poder a Floridablanca. Aun así, tras la muerte del rey Carlos III en 1788, el nuevo rey Carlos IV lo mantuvo al frente de la Secretaría de Estado hasta 1792, cuando fue sustituido por el conde de Aranda. Apartado de la Corte, sus últimos años los pasó en las ciudades de Hellín y de Murcia, haciendo frente a las acusaciones de abuso de poder y malversación de caudales públicos, causas por las que sería encarcelado en Pamplona y de las que finalmente sería absuelto. Al inicio de la Guerra de la Independencia española frente a Francia, en octubre de 1808, fue llamado para presidir la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que asumía la autoridad soberana frente al francés José Bonaparte hasta la restitución del monarca español Fernando VII, pero este cargo lo ocupó por un breve espacio de tiempo, ya que murió en Sevilla el 30 de diciembre de 1808.